Todos sabemos que la energía es uno de los bienes imprescindibles para las personas, tanto para nuestras vidas como para la producción de otros bienes. Este hecho, implica una fuente de ingresos fiscales para los países.
Como parte de la fiscalidad energética, debemos tener en cuenta que debe respetar el medioambiente y se debe compensar a la sociedad por dichos daños medioambientales (derivados en su generación o consumo). A pesar de esto, los gobiernos aplican a las facturas otros recargos que en teoría deberían compensar a los ciudadanos por los daños, pero que a la práctica, hinchan el precio final de la factura de los consumidores.
Si nos comparamos con Europa, la factura española es la que incorpora más sobrecostes, impactando negativamente en las rentas de la población y de las pymes. Destacar, que España es el país con mayor producción de electricidad derivada de las energías renovables y aun así, donde más impuestos se pagan.
Y ¿Cómo funcionan los impuestos y los sobrecostes en nuestra factura? Debemos diferenciar entre tres tipos de sobrecostes:
- Costes con destinos específicos (o cargos) que se incorporan en la Ley del Sector Eléctrico
- Impuestos, como el IVA
- Obligaciones derivadas de la financiación política
- Costes con destinos específicos
La ley establece que los peajes de acceso que se cobran en las facturas se destinan a cubrir los costes asociados de la red de transporte y distribución, en cambio la facturación de los “cargos” se destina a la cobertura de destinos específicos. Esto es regulado mensualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Posteriormente, la ley incorporó en estos costes, los costes de política económica y social.
Estos costes suponen más de 7.000 millones de euros anuales. Aunque parte de este coste, se asume con el presupuesto anual del estado, para reducir el impacto económico en las facturas. Concretamente estos costes son los causantes del déficit del sector eléctrico, que se debe ir compensando año tras año (se prevé que tardemos alrededor de 15 años).
- Impuestos
Además de los costes anteriormente descritos, la factura de la electricidad también está sujeta a otros impuestos de forma explícita, destacamos principalmente el IVA (al 21%) y el impuesto especial de la electricidad, para la financiación de las comunidades autónomas.
Hay otros impuestos no explícitos, ya que no aparecen en la factura final, sino en actividades del sector como la generación de electricidad, nuclear o hidráulica. Esto sirve para compensar los costes del régimen de las renovables. Además de otros impuestos de las comunidades autónomas con un trasfondo de naturaleza medioambiental, para financiar las administraciones locales.
- Otras obligaciones
Además de lo comentado, la regulación española tomó la decisión de que los consumidores también asumieran unos gastos derivados de la política energética o social mediante obligaciones que impone a las empresas eléctricas, como por ejemplo:
- El bono social
- el Fondo Nacional de Eficiencia Energética
- Tasa de ocupación del espacio público
Factura eléctrica
Con toda esta información, ya vemos la gravedad de los gastos e impuestos que soportamos los consumidores, tanto implícitos como explícitos, derivados de la generación o para nuestro gobierno.
En resumen, estos sobrecostes implican un 50% de encarecimiento de la factura final para la población española, que podrían perfectamente reducir con la compensación de los daños medioambientales o con mayor inversión en la red eléctrica (para producir más energía renovable). Destacamos que la electricidad, es de las energías más contaminantes con más gastos asociados, aunque es de las más respetuosas con el medio ambiente.
Para concluir, es importante investigar nuevas líneas para reducir estos sobrecostes y poder reducir los precios de las facturas para los contribuyentes, para garantizar un futuro energético sostenible y asequible para todos.
